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22/06/2011 - El Congreso convalida el decreto de negociación colectiva y acuerda tramitarlo como proyecto de ley
El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó, el pasado miércoles 22 de junio, el Real Decreto Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la negociación colectiva, por 169 votos a favor, 159 en contra y 20 abstenciones.

Además, a petición de varios grupos, se aprobó, con 346 votos a favor y una abstención, la tramitación de este decreto como proyecto de ley, con lo que se podrán introducir enmiendas.

A cambio de la abstención de CIU y de PNV, en la futura ley de negociación colectiva, “prevalecerán” los convenios colectivos de sector autonómicos sobre los de carácter nacional, en el caso de que ambos choquen en los contenidos. Por ejemplo, “mandará la subida salarial que se acuerde en el sector regional frente a lo que se establezca en España”, tal y como informa el diario Expansión.

Este diario también pone de manifiesto que “los nacionalistas catalanes arrancaron al Ejecutivo el compromiso de reabrir la negociación sobre la prórroga indefinida de los convenios, con la posibilidad de reducir el periodo en el que la empresa y los sindicatos pueden discutir para la renovación, la flexibilidad en las empresas o la lucha contra el absentismo laboral”.

Decreto del día 10 de junio

“Una reforma que no atiende a las peticiones de flexibilidad por las que claman las empresas españolas para competir en igualdad de condiciones con sus homólogas europeas”, así se refirió el presidente de CEOE, Juan Rosell, a la reforma de la negociación colectiva, que el Gobierno aprobó el pasado 10 de junio.

El texto finalmente aprobado introdujo algunas modificaciones respecto al borrador que dos días antes el Gobierno había presentado a los agentes económicos y sociales. Por ejemplo, en materia de ultraactividad, se marcó un límite en el plazo para la renegociación de los convenios colectivos: ocho meses para convenios de dos años o menor duración y hasta catorce meses para los convenios superiores a dos años. En el caso de que no hubiera consenso entre las partes, el Gobierno obligaría a que el conflicto pase al arbitraje.

A este respecto, el diario El Economista reconoce que, “según algunos abogados laboralistas consultados, el arbitraje es un sistema voluntario y hacerlo obligatorio es inconstitucional, aunque se implante sólo durante un periodo transitorio de tiempo. Incluso dudan de la constitucionalidad de que un pacto interconfederal obligue al uso del arbitraje”.

Este diario también reconoce que, en esta reforma, “las medidas de flexibilidad interna para conseguir ajustes en materia de jornada o puesto de trabajo han sido las grandes olvidadas”, ya que el texto aprobado sólo contempla que la empresa disponga de un 5% del tiempo del trabajo para ajustarlo a su criterio (lejos del 15% que reclamaba CEOE).

Por otra parte, el diario La Gaceta también recogía las explicaciones de Gómez, en relación con la cláusula de descuelgue en la reforma aprobada. Según él, “la norma favorecerá el uso de la cláusula de descuelgue por tres años para una empresa que tenga una disminución persistente de su nivel de ingresos o su situación, y las perspectivas económicas pudieran verse afectadas negativamente como consecuencia de la aplicación (del régimen salarial del convenio superior), afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo”.



   
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